Se plantean dos graves problemas:
El primero es si resulta justo,
pedagógico y viable impartir con cierta calidad una materia para la que
se va a asignar, en casos, menos de una hora semanal de clase, por mucho
que ahora sea evaluable. A esto hay que añadir el grave perjuicio que
se ocasiona a las familias que cada año eligen la asignatura de religión
para sus hijos, que componen un porcentaje alto.
El segundo, qué ocurrirá con todos los
profesores que a día de hoy imparten esas clases, que verán reducida su
jornada semanal, dándose con ello un empeoramiento de sus condiciones
laborales y de aquéllos cuyos contratos tendrán un número de horas muy
limitado. No olvidemos que se trata de madres y padres de familia.
Los delegados diocesanos hemos debatido
sobre qué hacer y tratado de perfilar estrategias de respuesta ante
esta flagrante injusticia que recorta, una vez más, la necesaria
formación en valores —en este caso cristianos— que se planteaba estos
años como solución a la crisis. De seguir aplicándose de este modo la
LOMCE, lo que habrá es un “aumento de la precariedad laboral y menos
formación humana”.
Julia Gutiérrez Lerones. delegada de Enseñanza de la diócesis de Valladolid
